Colombia y la reforma tributaria
El 28 de abril de 2021 se presentó una convocatoria a un paro nacional en Colombia contra la reforma tributaria que proponía el aumento de impuestos a gran parte de la población (aquellos que recibieran 700 dólares mensuales o más). Cabe destacar que los estratos sociales de clase media y baja son de los más afectados por la pandemia del coronavirus, por ello, un aumento de impuestos en plena crisis mundial no parece la mejor de las propuestas. Las protestas contra el Gobierno de Duque fueron recibidas con violencia por parte de la policía y del “Escuadrón Móvil Antidisturbios” (Esmad), dando lugar a enfrentamientos que se saldaron con el fallecimiento de 45 personas.
Ahora bien, ¿cuál fue la justificación del gobierno colombiano para aumentar los impuestos en plena crisis? Entre 2019 y 2020, la deuda pública del país pasó de un valor relativo del 48,6% del Producto Interno Bruto (PIB) al 61,4%, lo cual representa un considerable aumento. La preocupación del Gobierno era reducir la deuda y fomentar el gasto público con el fin de ayudar a todos los residentes que sufrieron las consecuencias de la pandemia. No obstante, las clases sociales de medianos y bajos ingresos no podían soportar un aumento en aportaciones, ya que gran parte había perdido sus trabajos o fuentes de ingreso debido a las restricciones. La situación en el país cafetero llegó a un punto tal que 3,5 millones de colombianos cruzaron la línea de la pobreza entre 2019 y 2020, superándose así la cifra de 21 millones de personas incapaces de cubrir sus necesidades básicas. En cuanto a la reforma tributaria, las reivindicaciones fueron escuchadas y el Gobierno diseñó una nueva propuesta que entrará en vigor en 2022 y que incrementa los impuestos a las empresas. Mientras tanto, las consecuencias políticas se han hecho notar en las encuestas de intención de voto para las elecciones del 2022 que lidera el candidato de izquierda Gustavo Petro.
El estallido social en Chile
El caso chileno comenzó con la subida de precios de la Red Metropolitana de Movilidad en Santiago de Chile el 6 de octubre de 2019. El movimiento provocó extrañeza desde la perspectiva internacional, ya que es una nación considerada como próspera y estable, incluso al grado de colocarse como el país con menor porcentaje de pobreza en América Latina. Pese a ello, Chile es el octavo país de la región con mayor índice de desigualdad de ingresos, superando a sus vecinos del norte y este, Perú y Argentina.
Las protestas masivas que se extendieron por diferentes zonas de Chile concluyeron con 17 muertos y aproximadamente 5.400 detenidos. El Gobierno de Piñera declaró incluso el estado de emergencia y un toque de queda en la región de Gran Santiago con el fin de controlar las revueltas. Eso sí, no todo fue negativo, puesto que se logró un acuerdo para crear una nueva constitución.
Si bien el inicio de la pandemia en 2020 hizo que se enfriaran las protestas, en 2021 se conmemoraron los dos años del estallido social a través de una manifestación pacífica. Esta se celebró, no obstante, en mitad de la ola de violencia que está viviendo el país y que ha provocado un nuevo estado de emergencia en Araucanía y Biobío. Ante todas estas situaciones, no sorprende que el partido Vamos Chile, del cual es miembro Piñera, se sitúe fuera de las tres primeras posiciones en los resultados de las elecciones primarias en Chile en 2021. En las elecciones presidenciales de segunda vuelta a finales del mismo año, el líder estudiantil Gabriel Boric se impuso a Antonio Kast para un nuevo y esperanzador gobierno que surgió de las protestas.
Perú, entre manifestaciones mineras y descontento político
La debacle política peruana comenzó con la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018, pasando por Martin Vizcarra, que finalizó su mandato cuando el Parlamento declaró su “permanente incapacidad moral”, hasta la renuncia de Manuel Merino a raíz de las crecientes protestas en su contra. Las elecciones presidenciales primarias en el país andino llegaron el 11 de abril de 2021 con la sorpresiva victoria de Pedro Castillo, antes docente de educación primaria y actual presidente de Perú, sobre Keiko Fujimori. Casi un 75% de la población participó en las votaciones de la segunda vuelta en las que Castillo se impuso nuevamente por una diferencia menor a los 50.000 votos o un 0,25%. Esto creó descontento entre los votantes de Fujimori y nuevamente protestas que buscaban revertir el resultado de las elecciones.
Agregado a la inestabilidad política se suma el hecho de que Perú es uno de los países de América Latina más afectados por la COVID-19. Según un estudio realizado a principios de 2021, más del 91% de la población sufrió algún tipo de problema grave debido a la pandemia , aproximadamente un 36,6% perdió su empleo y casi el 30% sufría por falta de dinero o recursos. Entre los problemas económicos y la reciente subida al poder de la izquierda, los habitantes de la región de Antamina volvieron a manifestarse por la falta de cumplimiento de las acciones sociales de las empresas mineras y la carencia de beneficios de la población de la zona ante la creciente explotación de sus tierras. Una de las principales compañías afectadas por las protestas fue Glencore que tuvo que paralizar su actividad en la zona cuando los manifestantes tomaron una de las carreteras de la ruta del cobre. Este metal es de gran importancia para la economía peruana, ya que el país es el segundo mayor productor de cobre a nivel mundial. Por ello, el Gobierno de Castillo se ve presionado por ambos sectores y deberá responder a las exigencias de ambos para reanudar actividades y evitar subsiguientes levantamientos.
Venezuela y el régimen de Maduro
Venezuela es el país con menor apego al estado de derecho en América Latina y este hecho no ha pasado desapercibido para los venezolanos. No es baladí que un 40% de la población apoye la idea de una invasión militar extranjera y el 46,5% un golpe de estado como uno de los cambios que mejorarían al país. Mientras, más de la mitad quiere ver la renuncia de Maduro, nuevas elecciones, levantamientos sociales o un referendo revocatorio.
La situación en 2021 no parece mejorar ya que la inflación continúa en un estado crítico. Y es que no solo ha alcanzado un 2.700%, sino que se estima que casi el 95% de la población vive en estado de pobreza. Igualmente, el régimen de Maduro no parece ceder terreno, ya que los resultados oficiales de las elecciones regionales dieron por ganador al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la represión policial ha aumentado ante las protestas en estados clave como Barinas y Apure. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han registrado más de 4.000 manifestaciones en las calles venezolanas en los primeros tres trimestres de 2021, lo que provoca una ligera esperanza en el país, puesto que la mayor parte de los residentes cree que son ellos mismos los que pueden cambiar la situación de Venezuela.
Cuba de vuelta a la represión
En una encuesta realizada entre junio y julio de 2021, tres eran los principales problemas que aquejaban a la población cubana: la crisis alimentaria, la crisis sanitaria y las consecuencias de la tarea del ordenamiento. Éstas son resultado tanto del aumento de los casos de COVID-19 y del empeoramiento de las condiciones económicas a causa del confinamiento, como de los cambios en políticas relacionadas con la eliminación de subsidios y la unificación monetaria que han creado inflación y escasez de alimentos. Unido a esto, las encuestas insinúan que más del 70% de la población vive con menos de 1,90 dólares diarios, es decir, por debajo del umbral de pobreza.
El 11 de julio de 2021 comenzaron las protestas dejando un saldo de un muerto, 1.270 detenidos y 658 que aún se encuentran presos. De igual forma, se registraron 136 desaparecidos, de los cuales 38 fueron en la Habana, la provincia más afectada. La situación en el país no parece relajarse, ya que se propusieron nuevas manifestaciones a mediados de noviembre para exigir un cambio en las circunstancias. Sin embargo, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel no piensa ceder ya que se anunció que no se permitirían más protestas.
