Según datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, en España tuvieron lugar en 2017 más de 6.000 procedimientos judiciales por ciberdelincuencia, de los cuales la mayor parte correspondió a delitos de estafa o contra la libertad sexual.
Estos datos se asemejan bastante a los temores manifestados por los internautas, ya que entre los cibercrímenes que más preocupan a los usuarios de Internet se encuentran las infecciones de malware o el acceso ilegal a datos y archivos personales. A pesar de ello, solo algo más del 60% de la población española tomó alguna medida para mejorar su seguridad a la hora de navegar en la Red en los últimos años.
Mención especial merecen también los delitos contra la propiedad intelectual, no solo por las cuantiosas pérdidas que estos generan a la industria, sino por ser una tipología delictiva vista con buenos ojos en general. Prueba de ello es que en 2018 se accedió en España de manera ilegal a través de buscadores, portales de streaming, redes sociales y otros medios a un total de 4.300 millones de contenidos por un valor cercano a los 24.000 millones de euros.
