La generalización de la inflación como problema macroeconómico a nivel global es una de las consecuencias que deja tras de sí la pandemia del coronavirus. Como si esto fuera poco, la guerra de Rusia en Ucrania también agregó incertidumbre al escenario internacional y originó una escalada en los precios de muchas materias primas esenciales, tales como el petróleo, el gas y cereales como el trigo y el maíz y sus alimentos derivados. Este aumento de precios a nivel mundial empeora las tasas de inflación a nivel doméstico, cuyas causas también pueden ser estructurales y relacionadas al desempeño de la propia economía. Si bien este no es un fenómeno nuevo en América Latina, donde suelen registrarse mayores tasas de inflación que en los mercados de altos ingresos, los gobiernos se ven aún más presionados a tomar medidas para evitar que los ciudadanos pierdan cada vez más poder adquisitivo.
Según el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación es uno de los problemas más preocupantes que enfrenta América Latina. Los grupos sociales más vulnerables son los que más sufren la subida de precios, al no poder costear sus gastos básicos en comida, vivienda y transporte. Cuando existe inflación, los trabajadores asalariados ven el valor real de sus ingresos reducirse semana a semana, mientras el costo de vida y de los productos de primera necesidad aumenta. Venezuela es, sin duda, el país latinoamericano más golpeado por este fenómeno en la última década. De 2019 a 2021, los venezolanos sufrieron tasas de inflación superiores al 1.500% anual, siguiendo los cálculos del FMI de abril de 2022. Para este año, está pronosticado que la inflación de Venezuela se sitúe en un 500%, la más alta de Latinoamérica y del mundo. La economía argentina se queda con el segundo lugar de este triste podio a nivel regional, con un porcentaje de inflación previsto en un 51,7% para 2022, seguida de Haití, con un 25,5%.
