¿Qué dicen los estudios internacionales?
El Índice General de Percepción de la Corrupción (IPC) puntúa en una escala del 0 al 100 a los países, según la integridad de sus instituciones. Cuanta mayor es la calificación final, menos corrupción se percibe en dicho país. Así, el hecho de que tres cuartas partes de los estados de esa área geográfica estén por debajo de los 50 puntos revela notables carencias. En la cola, destaca un nombre que aparece de forma constante en los últimos años: Venezuela. La República Bolivariana cuenta incluso con un presidente, Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado de forma directa por su implicación en casos de cohecho y narcotráfico. De hecho, su calificación en el IPC solo es superada por tres de las 180 naciones participantes en el estudio. Por otro lado, no es casualidad que los países con una mejor puntuación en este ranking, como Chile o Uruguay, sean igualmente los que ocupan los primeros puestos en otras publicaciones relacionadas con la capacidad para combatir este tipo de delitos o el apego a las leyes y al Estado de derecho.Un problema con distintas facetas
La corrupción es uno de los temas que más preocupa a la población y que ha acabado permeando a todas y cada una de las capas de la sociedad. Una muestra de ello es el soborno, una de las muchas ramificaciones del delito en cuestión, que se convertido en una práctica frecuente en varios países de Latinoamérica. México, Nicaragua o Bolivia son el máximo exponente de un problema que, por desgracia, no ha dejado de crecer a la sombra de agentes de policía y últimamente también de tribunales y empleados públicos en el sector educativo. Este tipo de pagos integran una gran parte de lo que los expertos llaman “corrupción blanda”. En cambio, cuando esto ocurre en círculos más altos y conlleva un abuso de poder por parte de las instituciones —al gozar estas de mayor impunidad— se genera una “corrupción estructural”.Los grandes escándalos y sus consecuencias
Las tramas de cohecho de carácter internacional destapadas en los últimos años han mostrado a la ciudadanía una propensión hacia el crimen mucho más amplia y significativa de lo que cabía esperar. Un ejemplo de tantos sería el caso Odebrecht, donde la constructora de este nombre repartió cuantiosas mordidas con un valor estimado de unos 800 millones de dólares estadounidenses, con el fin de obtener una serie de contrataciones públicas a lo largo de todo el continente, que le reportarían beneficios milmillonarios. Estos hechos salpicaron, de forma directa o indirecta, a diversos políticos de alto perfil como, por ejemplo, a expresidentes de Perú, Panamá y el Salvador. Por tanto, la corrupción no solo tiene un claro efecto económico, sino que repercute en la propia percepción de la población y genera respuestas que van desde la normalización de la corruptela a la voluntad de encontrar medidas más severas para acabar con ella.
