El aborto - Datos estadísticos
El aborto es, desde hace décadas, uno de los temas más polémicos a nivel mundial. Incluso en naciones donde parece estar relativamente normalizado, este asunto levanta constantemente nuevas ampollas. Una de las más recientes ha sido la surgida en Estados Unidos tras la anulación en 2022 por parte de la Corte Suprema de la sentencia Roe vs. Wade. Con ello, se eliminó de un mazazo un derecho constitucional vigente en el país durante los últimos cinco decenios. Pero no siempre los cambios van en esa dirección. 4.200 kilómetros al sur, Colombia daba un paso hacia adelante ese mismo año, despenalizando completamente la interrupción del embarazo, siempre que se realice dentro del límite gestacional establecido.
Este enfrentamiento entre defensores y detractores no es nueva. Durante los últimos 50 años, muchas naciones se han replanteado su actitud al respecto y son más de 70 los países que actualmente permiten el aborto inducido. No obstante, muchos imponen una serie de límites gestacionales, tal y como sucede en la mayoría de los países de Europa o América Latina. A su vez, en torno a 24 estados prohíben el aborto en cualquier circunstancia y 48 solo lo permite en el caso de que exista un riesgo grave para la vida de la madre.
Penalización del aborto
El acceso al aborto como un derecho fundamental de la mujer y el potencial impacto de su prohibición siguen siendo dos de los aspectos más cuestionados por antonomasia. Según los últimos datos facilitados por el Instituto Guttmacher, la tasa de interrupción del embarazo asciende a 40 casos por cada 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente, exactamente la misma cifra que la de aquellos con leyes que legalizan el aborto en términos amplios.
Así pues, impedir el acceso al aborto no parece incidir directamente en las tasas de interrupción de los embarazos, aunque sí en la forma en que estos se llevan a cabo. Los habitantes de los países donde el aborto es ilegal terminan sometiéndose a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina como aborto inseguro, es decir “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que no disponen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”. Esta misma institución estima que anualmente tienen lugar 25 millones de abortos inseguros al año, la gran mayoría de ellos en países con economías no plenamente desarrolladas.
La importancia de la educación sexual
Uno de los pasos esenciales para poder frenar la tasa de abortos sin pasar por su prohibición es, sin lugar a dudas, reducir los embarazos no deseados. Para ello, el acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos se torna imprescindible. Los países con menos desarrollo económico son los que reflejan las tasas de embarazos no deseados más elevados y los que menos acceso tienen a una educación sexual y reproductiva adecuada. De hecho, en estas áreas, un 40% de los embarazos no deseados desembocan en un aborto inducido.
Por supuesto esto requiere potentes inversiones en materia de anticoncepción y salud materna y neonatal. Los últimos cálculos apuntan un gasto superior a los 37.600 millones de dólares estadounidenses en las regiones con economías de ingresos bajos o medios. A pesar de lo elevado la cuantía, ésta se resulta todavía insuficiente, ya que muchas personas continúan sin acceso a servicios de anticoncepción y de salud materna y neonatal.
Este enfrentamiento entre defensores y detractores no es nueva. Durante los últimos 50 años, muchas naciones se han replanteado su actitud al respecto y son más de 70 los países que actualmente permiten el aborto inducido. No obstante, muchos imponen una serie de límites gestacionales, tal y como sucede en la mayoría de los países de Europa o América Latina. A su vez, en torno a 24 estados prohíben el aborto en cualquier circunstancia y 48 solo lo permite en el caso de que exista un riesgo grave para la vida de la madre.
Penalización del aborto
El acceso al aborto como un derecho fundamental de la mujer y el potencial impacto de su prohibición siguen siendo dos de los aspectos más cuestionados por antonomasia. Según los últimos datos facilitados por el Instituto Guttmacher, la tasa de interrupción del embarazo asciende a 40 casos por cada 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente, exactamente la misma cifra que la de aquellos con leyes que legalizan el aborto en términos amplios.
Así pues, impedir el acceso al aborto no parece incidir directamente en las tasas de interrupción de los embarazos, aunque sí en la forma en que estos se llevan a cabo. Los habitantes de los países donde el aborto es ilegal terminan sometiéndose a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina como aborto inseguro, es decir “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que no disponen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”. Esta misma institución estima que anualmente tienen lugar 25 millones de abortos inseguros al año, la gran mayoría de ellos en países con economías no plenamente desarrolladas.
La importancia de la educación sexual
Uno de los pasos esenciales para poder frenar la tasa de abortos sin pasar por su prohibición es, sin lugar a dudas, reducir los embarazos no deseados. Para ello, el acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos se torna imprescindible. Los países con menos desarrollo económico son los que reflejan las tasas de embarazos no deseados más elevados y los que menos acceso tienen a una educación sexual y reproductiva adecuada. De hecho, en estas áreas, un 40% de los embarazos no deseados desembocan en un aborto inducido.
Por supuesto esto requiere potentes inversiones en materia de anticoncepción y salud materna y neonatal. Los últimos cálculos apuntan un gasto superior a los 37.600 millones de dólares estadounidenses en las regiones con economías de ingresos bajos o medios. A pesar de lo elevado la cuantía, ésta se resulta todavía insuficiente, ya que muchas personas continúan sin acceso a servicios de anticoncepción y de salud materna y neonatal.
