El comercio de armas en América Latina y el Caribe - Datos estadísticos
El tráfico y comercio ilegal de armas en América Latina y el Caribe no es un fenómeno nuevo, pero la fulgurante expansión de las bandas criminales, el narcotráfico o la darknet ha agravado la situación durante la última década, catapultándola hasta magnitudes inimaginables. Lo cierto es que no se conoce la cantidad exacta de armamento ilícito que circula actualmente por esta área geográfica, pero sí la nada sorprendente procedencia del 70% o más del mismo: Estados Unidos. Especialmente alarmante es el caso de las Bahamas, donde el porcentaje de incautaciones de origen estadounidense supera con creces la barrera del 95%.
Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué el comercio ilegal de armas se torna tan preocupante. En este sentido, por encima de la problemática económica brilla la inseguridad a raíz de la violencia y la criminalidad, si bien ambos agentes se retroalimentan. Por un lado, el crimen organizado está detrás de la adquisición de ingentes volúmenes de armamento ilegal para el propio uso o la distribución con fines de autofinanciación, así como de la explosión de la inseguridad y las actividades violentas. Por otro, la población recurre a la compra de armas como medio de autodefensa —la mayoría de ellas provenientes del mercado negro ante las restricciones legales estatales—.
No en vano, varios de los países con mayor actividad comercial de armas ilícitas son aquellos que presentan también las tasas de criminalidad y homicidios más elevadas. Un claro ejemplo de ello es Jamaica en la actualidad y lo fue hasta hace poco El Salvador, lugar este último donde la proliferación de las maras condujo a la toma de decisiones drásticas por parte de Nayib Bukele para combatirlas. A estos le siguen los estados más al norte de Sudamérica, que constituyen la puerta de entrada del contrabando destinado al extremo Sur del continente.
Teniendo en cuenta que, salvo Brasil, el resto de naciones mantienen casi exclusivamente una dinámica importadora a la hora de equiparse y que nuevamente potencias como Estados Unidos o Europa son sus mayores proveedores, la transparencia en materia de transacciones armamentísticas resulta crucial, ya que permite el acceso y el control de las distintas instituciones transnacionales de cara al comercio o, en caso necesario, al desarme. En este sentido, no puede ignorarse que muchos países de América Latina y el Caribe acumulan más armas no registradas que con licencia ni tampoco que algunos como México, Argentina o Brasil cuentan con una pésima puntuación en los barómetros de transparencia comercial.
Una espiral de violencia
Este escenario ha suscitado un “renovado” interés entre varios dirigentes de la región dispuestos a ponerle freno. Una muestra de ello es la aprobación por parte de los integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) de un plan para prohibir las armas de asalto en sus respectivos países y emprender acciones contra ciertos fabricantes estadounidenses en abril de 2023. Justamente por esas fechas concluyó también la operación “Trigger IX”— ejecutada por la Interpol junto con la colaboración de 15 miembros de América Latina —, cuyo resultado fue la sustracción de 8.263 armas y 300.000 cartuchos, además de la confiscación de 203 toneladas de cocaína y varias toneladas de otras drogas.Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué el comercio ilegal de armas se torna tan preocupante. En este sentido, por encima de la problemática económica brilla la inseguridad a raíz de la violencia y la criminalidad, si bien ambos agentes se retroalimentan. Por un lado, el crimen organizado está detrás de la adquisición de ingentes volúmenes de armamento ilegal para el propio uso o la distribución con fines de autofinanciación, así como de la explosión de la inseguridad y las actividades violentas. Por otro, la población recurre a la compra de armas como medio de autodefensa —la mayoría de ellas provenientes del mercado negro ante las restricciones legales estatales—.
No en vano, varios de los países con mayor actividad comercial de armas ilícitas son aquellos que presentan también las tasas de criminalidad y homicidios más elevadas. Un claro ejemplo de ello es Jamaica en la actualidad y lo fue hasta hace poco El Salvador, lugar este último donde la proliferación de las maras condujo a la toma de decisiones drásticas por parte de Nayib Bukele para combatirlas. A estos le siguen los estados más al norte de Sudamérica, que constituyen la puerta de entrada del contrabando destinado al extremo Sur del continente.
Muchas importaciones y poca transparencia
Analizando la situación desde la otra cara del prisma, el armamento también conforma un importante mercado dentro de los cauces oficiales. No puede olvidarse que su cantidad y calidad son claves tanto en la capacidad ofensiva y defensiva de un ejército y, por extensión, en el perfil geopolítico de una nación, como en las políticas de seguridad interior. En el caso de los integrantes de América Latina y el Caribe, son tres los países que se sitúan entre los 40 con mayor número de efectivos militares a nivel mundial (Colombia, México y Venezuela). De hecho, son también Colombia y México los que mayor gasto militar acumularon en 2022, destinado en gran medida a mejorar su arsenal.Teniendo en cuenta que, salvo Brasil, el resto de naciones mantienen casi exclusivamente una dinámica importadora a la hora de equiparse y que nuevamente potencias como Estados Unidos o Europa son sus mayores proveedores, la transparencia en materia de transacciones armamentísticas resulta crucial, ya que permite el acceso y el control de las distintas instituciones transnacionales de cara al comercio o, en caso necesario, al desarme. En este sentido, no puede ignorarse que muchos países de América Latina y el Caribe acumulan más armas no registradas que con licencia ni tampoco que algunos como México, Argentina o Brasil cuentan con una pésima puntuación en los barómetros de transparencia comercial.
