El aborto en América Latina - Datos estadísticos
El aborto es, desde hace décadas, uno de los temas más controvertidos a nivel mundial. Incluso en naciones donde parece estar relativamente normalizado, este asunto levanta constantemente nuevas ampollas. Una de las más recientes ha sido la surgida en Estados Unidos tras la anulación por parte de la Corte Suprema de la sentencia Roe vs. Wade. Con ello, se ha eliminado de un plumazo un derecho constitucional vigente en el país desde hacía medio siglo. Pero no siempre los cambios van en esa dirección. 4.200 kilómetros al sur, Colombia daba un paso hacia adelante, despenalizando completamente la interrupción del embarazo, siempre que se realice dentro del límite gestacional establecido.
Como ya se ha mencionado, el caso de Colombia ha sido el más reciente. Previamente estaba solo permitido, gracias a una sentencia dictaminada en 2006, cuando la salud física o mental de la embarazada estaba en riesgo, cuando no había posibilidades de que el feto sobreviviese (o si de su futura incapacidad resultara en una vida indigna), y cuando el embarazo era el resultado de una violación, de una inseminación artificial o de la implantación de un óvulo fecundado. Un marco aún más restrictivo era el aplicado en Argentina, donde antes de la aprobación de la Ley 27.610 por parte del Senado en diciembre de 2020, la interrupción voluntaria del embarazo sólo se permitía en caso de violación o de peligro para la vida de la gestante. Si se tiene en cuenta que en estos países más de un 30% de los embarazos no son planeados y un alto porcentaje tienen lugar entre adolescentes, es fácil imaginarse la magnitud que esta modificación legislativa puede alcanzar.
En cuanto al candidato con más posibilidades de lograr próximamente su legalización total figura México. Eso sí, a día de hoy las condiciones varían mucho de un estado a otro. Así, de las diez entidades aztecas donde se ha despenalizado hasta las 12-13 semanas, solo siete han modificado la Ley de Salud estatal para proveer la infraestructura que permita ofrecerlo como un servicio de salud de carácter público y gratuito. En el resto del territorio mexicano solo es admitido bajo al menos tres de las ocho causales estipuladas en el Código Penal Federal.
Por un lado, cabe destacar que América Latina continúa siendo profundamente religiosa, con porcentajes de creyentes superiores al 75% en la mayoría de los países. Este hecho constituye un gran desincentivador a nivel social, ya que ninguna vertiente de las distintas confesiones aprueba el aborto. Por otro, tanto los servicios de anticoncepción y salud materna como los de interrupción del embarazo requieren una gran inversión estatal, lo que dificulta su expansión a las zonas más desfavorecidas. Ahora bien, el problema financiero no termina ahí. A esto se suma que gran parte de los latinoamericanos tiene empleos informales, es decir, sin casi ningún tipo de derecho laboral ni cobertura sanitaria. Por ende, muchas embarazadas se ven obligadas a recurrir a centros privados para finalizar la gestación de forma voluntaria, en el peor de los casos, incluso a desplazarse a otro país si la práctica es ilegal en su lugar de residencia. Todo ello conlleva un importante gasto que no cualquiera puede costearse, si se tiene en cuenta que más de una tercera parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza en varios países de la región.
Geografía latinoamericana del aborto
Actualmente, hay cinco países de Latinoamérica y el Caribe que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, otros diez recogen en su legislación la impunidad de esta práctica solo en una serie de determinados supuestos como la violación o la salvaguarda de la vida de la madre (Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá y Ecuador). Fuera de estos casos, tanto la gestante como el personal médico y otros cooperantes se enfrentan a las penas de prisión correspondientes. En cuanto al aborto libre, solo figuran siete en la lista: Cuba (1961), Puerto Rico (1973), Guyana Francesa (1975), Guyana (1995), Uruguay (2012), Argentina (2020) y Colombia (2022).Como ya se ha mencionado, el caso de Colombia ha sido el más reciente. Previamente estaba solo permitido, gracias a una sentencia dictaminada en 2006, cuando la salud física o mental de la embarazada estaba en riesgo, cuando no había posibilidades de que el feto sobreviviese (o si de su futura incapacidad resultara en una vida indigna), y cuando el embarazo era el resultado de una violación, de una inseminación artificial o de la implantación de un óvulo fecundado. Un marco aún más restrictivo era el aplicado en Argentina, donde antes de la aprobación de la Ley 27.610 por parte del Senado en diciembre de 2020, la interrupción voluntaria del embarazo sólo se permitía en caso de violación o de peligro para la vida de la gestante. Si se tiene en cuenta que en estos países más de un 30% de los embarazos no son planeados y un alto porcentaje tienen lugar entre adolescentes, es fácil imaginarse la magnitud que esta modificación legislativa puede alcanzar.
En cuanto al candidato con más posibilidades de lograr próximamente su legalización total figura México. Eso sí, a día de hoy las condiciones varían mucho de un estado a otro. Así, de las diez entidades aztecas donde se ha despenalizado hasta las 12-13 semanas, solo siete han modificado la Ley de Salud estatal para proveer la infraestructura que permita ofrecerlo como un servicio de salud de carácter público y gratuito. En el resto del territorio mexicano solo es admitido bajo al menos tres de las ocho causales estipuladas en el Código Penal Federal.
¿Aborta quién quiere o quién puede?
América Latina ostenta una de las tasas de embarazos no deseados más alta del planeta, según datos del último estudio realizado por el Guttmacher Institute. Sin embargo, su tasa de abortos, si bien es superior a la de Europa y Estados Unidos, está muy por debajo de la de otras áreas geográficas con elevadas cifras de gestaciones no buscadas. Los motivos de esta gran diferencia no radican únicamente en el ámbito jurídico, sino también en el religioso y el económico.Por un lado, cabe destacar que América Latina continúa siendo profundamente religiosa, con porcentajes de creyentes superiores al 75% en la mayoría de los países. Este hecho constituye un gran desincentivador a nivel social, ya que ninguna vertiente de las distintas confesiones aprueba el aborto. Por otro, tanto los servicios de anticoncepción y salud materna como los de interrupción del embarazo requieren una gran inversión estatal, lo que dificulta su expansión a las zonas más desfavorecidas. Ahora bien, el problema financiero no termina ahí. A esto se suma que gran parte de los latinoamericanos tiene empleos informales, es decir, sin casi ningún tipo de derecho laboral ni cobertura sanitaria. Por ende, muchas embarazadas se ven obligadas a recurrir a centros privados para finalizar la gestación de forma voluntaria, en el peor de los casos, incluso a desplazarse a otro país si la práctica es ilegal en su lugar de residencia. Todo ello conlleva un importante gasto que no cualquiera puede costearse, si se tiene en cuenta que más de una tercera parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza en varios países de la región.
