En épocas de COVID-19, el acceso a los servicios de la administración pública puede verse restringido por la falta de infraestructura digital. La pandemia, de hecho, aceleró e intensificó la necesidad de que los gobiernos ofrezcan sus servicios a la ciudadanía de forma online, algo que hasta entonces no figuraba en los primeros niveles de prioridad de muchos países latinoamericanos.
Para medir la capacidad de transformación digital de los gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elabora el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico. En la última edición publicada en julio de 2020, un sondeo en 193 países muestra qué tan bien se desempeñan los Estados en la provisión de servicios en línea, así como la calidad y la cantidad de redes de telecomunicaciones y del capital humano disponible para la digitalización gubernamental.
De todos los países latinoamericanos incluidos en el estudio, Uruguay obtuvo la más alta puntuación con un índice de 0,85 en una escala de cero a uno, donde uno equivale al mejor desempeño posible en el desarrollo del gobierno electrónico. Además de encabezar el ranking latinoamericano, este puntaje le valió ocupar el puesto 26º de la clasificación mundial. Argentina, por su parte, se ubicó en el segundo lugar de América Latina, con un índice de 0,828, seguida de Chile, con 0,826.
