En algunas ciudades españolas el precio del alquiler y de compra de viviendas es comparable al de países europeos de ingresos y salarios mucho más altos. Este desajuste provoca que muchos ciudadanos tengan problemas para encontrar una residencia que se puedan permitir, lo cual es especialmente palpable en el caso de los jóvenes que residen en grandes urbes.
Los inmuebles de protección oficial, de larga tradición en España y que han sido objeto de casos de corrupción, tenían la finalidad de “facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna”, tal y como los define todavía hoy el Ministerio de Fomento. Su construcción alcanzó las cuotas más altas a finales de la década de 1990, con el año 1997 como ejercicio récord con más de 85.000 calificaciones de este tipo en esos doce meses. No obstante, con el fin del boom del ladrillo en España tras la crisis de 2008, su número se ha reducido gradualmente hasta alcanzar niveles mínimos hoy. El año pasado, por ejemplo, finalizó con menos de 5.200 viviendas sociales, según la misma fuente.
