El Protocolo contra la trata de personas de las Naciones Unidas define este delito como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Si bien la definición parece una obviedad, la comunidad internacional no se puso de acuerdo sobre la misma hasta finales de los años 90. Desgraciadamente, a pesar del aumento del interés y de la inversión de recursos a escala global contra la trata y explotación de seres humanos, el número de víctimas no ha cesado de crecer, llegando casi a triplicarse en el periodo comprendido entre 2008 y 2018.
Los dos fines principales de la trata de personas son, por una parte, la explotación sexual y, por otra, la laboral. Si bien es cierto que la explotación sexual sigue despuntando sobre las demás, la trata de personas con fines de explotación laboral ha ido ganando adeptos entre los traficantes en la última década. Esto explicaría, en parte, el alto porcentaje de varones identificados como víctimas de la trata de personas durante los últimos años. Según un informe llevado a cabo por las Naciones Unidas, más del 80% de los hombres y del 10% de las mujeres víctimas de trata en 2016 iban destinados a este fin.
Por áreas geográficas, Asia y África fueron los continentes con más víctimas identificadas en 2018. A pesar de sus a veces limitados recursos, los países foco de la trata destinan cada vez más medios para luchar contra este mal, de forma que en 2016 más de la mitad de las víctimas de trata fueron detectadas dentro de las propias fronteras de su país de origen.
Este esfuerzo se hace notar no solo en la identificación de las víctimas, sino también en el procesamiento y la condena de los traficantes, que se han duplicado en el periodo comprendido entre 2007 y 2018. En este campo destaca especialmente el caso del centro y sur de Asia, donde en 2018 se dictaron cerca de 2.500 condenas.
