Cada vez más países fijan objetivos ambiciosos de reducción de los gases de efecto invernadero, pero muchos se quedan rezagados en la aplicación de una política climática eficaz.
Según el Global Status Report 2025 de REN21, unos 53 países cuentan ya con una política de tarificación del CO₂, por ejemplo en forma de sistemas de comercio de derechos de emisión (44 países, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea) o de impuestos sobre el CO₂. Otros 45 países han fijado al menos un objetivo de emisiones netas cero, aunque con objetivos anuales muy diferentes.
Países europeos como Alemania, Francia, Suecia y los Países Bajos son especialmente activos y persiguen tanto los instrumentos de fijación de precios del CO₂ como el objetivo de cero emisiones netas. Grandes emisores como China, India y Brasil también combinan ambos enfoques.
Llama la atención que algunas grandes economías, como Estados Unidos y Rusia, hayan formulado objetivos netos cero pero aún no hayan aplicado ningún instrumento de tarificación del CO₂. A la inversa, hay países como Sudáfrica y México que han introducido precios del carbono pero no persiguen un objetivo de emisiones a largo plazo.
Sin embargo, muchas de las medidas existentes de tarificación del carbono sólo cubren una pequeña proporción de las emisiones nacionales o sólo algunos sectores de uso final: 51 países cubren las emisiones de la industria, 45 países las del transporte (incluida la aviación), pero sólo 23 países prestan atención también a las emisiones de los edificios. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura son las menos vigiladas, con 17 países.
Según REN21, muchos países (sobre todo en zonas de África, Oriente Medio y Asia Central) carecen de leyes climáticas oficialmente aprobadas.
