No obstante, existen medicamentos que no cumplen con los requisitos exigidos, bien por su composición o sus indicaciones, que son comercializados fuera de los canales legales, en la mayoría de los casos páginas webs no autorizadas, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos. La adopción de medidas legales contra este tipo de actuaciones corresponde a las autoridades sanitarias, en el caso de España, concretamente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Esta agencia se encarga de la retirada del mercado, puesta en cuarentena o prohibición de la comercialización de los medicamentos ilegales.
Dentro de los medicamentos ilegales, son los medicamentos falsificados los que más preocupan a las autoridades sanitarias. Estos se presentan a los consumidores de forma engañosa, habitualmente como si de verdaderos medicamentos se trataran. Dichas falsificaciones afectan tanto a productos de marca como a genéricos.
Cabe mencionar que la falsificación de medicamentos se da con mayor frecuencia en aquellas regiones en las que la legislación vigente no regula adecuadamente este tipo de actividades y que habitualmente no cuentan con los medios adecuados para combatirlas. No obstante, se trata de un fenómeno cada vez más extendido, debido fundamentalmente a que su comercialización se realiza a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.
Por todo ello, la necesidad de mantener una estrecha colaboración entre los organismos internacionales y las autoridades policiales dedicadas a luchar contra la falsificación es cada vez más acuciante. Hasta la fecha, la operación Pangea constituye la mayor intervención realizada contra este tipo de actividades ilícitas. En ella han participado servicios policiales y de aduanas de más de 100 países, así como organismos nacionales e internacionales. El valor estimado de las incautaciones de la fase VIII de esta operación superó la cifra de 50 millones de dólares en el año 2016.